Tesis y jurisprudencias, Julio 2013

Escrito por Lic. Oscar Álvarez del Toro el . Publicado en Comisión Fiscal

Tesis y jurisprudencias, Julio 2013

TESIS JULIO 2013

Registro No. 2004012
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 917 Tesis: 2a./J. 73/2013 (10a.) Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITISABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular.

Contradicción de tesis 528/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Tesis de jurisprudencia 73/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece. Nota: La Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 528/2012, por mayoría de tres votos, determinó modificar el criterio sostenido por la propia Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 69/2001, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 223. _______________ Nota: (*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 223, con el rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO."

Ejecutoria:
1.- Registro No. 24493 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 528/2012. Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 888;

Registro No. 2003939
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 717 Tesis: 2a./J. 87/2013 (10a.) Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005(*)].

Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a apartarse del criterio contenido en la tesis referida y a considerar que el hecho de que el contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre localizable, no trae como consecuencia necesaria que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues dicha omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, por no encontrarse prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, en razón de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares deben estar expresamente reguladas para cumplir con el derecho a la seguridad jurídica. Cabe destacar que la conclusión anterior no restringe las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues de considerar que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso, no acceder a la pretensión del contribuyente de ejercer su derecho de deducción o acreditamiento, sin perjuicio de que existan otras razones por las que no se deba acceder a aquélla.

Contradicción de tesis 535/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito. 17 de abril de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Luis María Aguilar Morales. Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez. Tesis de jurisprudencia 87/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil trece. Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2a./J. 161/2005, de rubro: "SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1121. ________________ Nota: (*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1121, con el rubro: "SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN."

Ejecutoria:
1.- Registro No. 24478 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 535/2012. Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 690;

Registro No. 2003991
Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 558 Tesis: 1a. CCI/2013 (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL PUEDA EJERCERLAS DIRECTAMENTE CON EL CONTRIBUYENTE, NO SE REQUIERE QUE EXPLIQUE CON DETENIMIENTO Y EXHAUSTIVIDAD LAS RAZONES QUE LA LLEVARON A TOMAR TAL DECISIÓN.

El artículo 52-A, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2006 establece, por un lado, la facultad de la autoridad fiscal de requerir cierto tipo de información y documentación al contador público que presente un dictamen de estados financieros o al contribuyente cuando el dictamen respectivo se haya enviado con abstención de opinión, determinación negativa o con salvedades que tengan implicaciones fiscales y, por otro, prevé que aquélla podrá ejercer las facultades de comprobación directamente con el contribuyente, siempre que se hubiera realizado el aludido requerimiento al contador público que dictaminó estados financieros y que la información y documentación solicitadas: a) no se presenten en el plazo correspondiente; b) las enviadas estuviesen incompletas; o c) se consideren insuficientes. Ahora bien, el hecho de que el precepto citado señale como uno de los motivos para ejercer las facultades de comprobación directamente con el contribuyente, la insuficiencia de la información y documentación obtenidas del contador público, no implica necesariamente que la autoridad fiscal, para cumplir con el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deba explicar con detenimiento y exhaustividad todas las razones que la llevaron a tomar tal decisión en el acto administrativo que emita; por ejemplo, describir cada papel de trabajo de la auditoría que no resultó convincente y los motivos para ello. Lo anterior es así, pues el análisis de la situación fiscal del contribuyente se encuentra en una etapa preliminar y la razón para iniciar la facultad de comprobación, a pesar de la existencia de un dictamen de estados financieros, es la ausencia de datos que demuestren fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que sería incorrecto exigir a la autoridad fiscal un grado específico de descripción, ya que no podría otorgarla al ser información que ignora. En ese sentido, si bien la atribución de revisión adquiere un carácter discrecional, ello tampoco significa que será una actividad arbitraria, sino potestativa y sujeta a reglas y principios constitucionales y legales; entre ellos, el de legalidad, al tratarse de actos de molestia, y a los lineamientos previstos en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento para llevar a cabo revisiones de gabinete o visitas domiciliarias. Además, si bien es cierto que el contador público funciona como coadyuvante en el análisis de la situación fiscal del contribuyente y su dictamen tiene presunción de validez, también lo es que la autoridad fiscal es quien tiene la facultad fiscalizadora y, por ende, el inicio de una revisión de gabinete o visita domiciliaria no implica la invalidez de tal dictamen, sino simplemente la decisión potestativa de obtener información adicional. En conclusión, el requisito de fundamentación y motivación del acto administrativo por el cual se inicia una facultad de comprobación directamente con el contribuyente se cumple citando las normas aplicables y mencionando las obligaciones fiscales o contribuciones que forman parte de la revisión, el periodo a verificar y, de manera genérica, el supuesto que se actualiza de los previstos en el referido artículo 52-A, fracción II.

Amparo directo en revisión 3789/2012. Diseños de Muebles Anffer, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez.

Registro No. 2003992
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 887 Tesis: 2a./J. 94/2013 (10a.) Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

FACULTADES DE VERIFICACIÓN. LA ESTABLECIDA EN ELARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE, DEBE MOTIVARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DEL PROPIO CÓDIGO.

Conforme al artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen de los estados financieros formulado por el contador público registrado, primeramente le requerirán cualquier información que por disposición legal debiera estar incluida en dicho documento, así como la exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, y la información que consideren pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Ahora, conforme a la fracción II del mismo precepto, si a juicio de las autoridades fiscales el dictamen, la información y los documentos mencionados fueran insuficientes, extemporáneos o incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación, supuesto en el cual la solicitud respectiva deberá observar lo dispuesto en el artículo38 del propio Código que regula las formalidades que deben revestir los actos administrativos en materia tributaria federal, es decir, constar por escrito, firmado por la autoridad que la dicta, con el señalamiento del lugar y fecha de emisión, así como el de la persona a la que vaya dirigido, pero sobre todo, el requerimiento deberá estar fundado y motivado, lo cual en el caso concreto exclusivamente se limita en cuanto al primer requisito, además de la invocación de las normas competenciales respectivas, a la cita del precepto en que se basa la actuación de la autoridad y, en relación con el segundo, a identificar la información faltante, bastando para ello señalar lo siguiente: 1) el medio en que se encuentra tal información, esto es, si es a través de documentos, papeles de trabajo, cuentas, libros, comprobantes fiscales, sistemas y registros contables, electrónicos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, 2) el tipo de contribución que generó la laguna en la información y, 3) el periodo cuya revisión no se pudo verificar, sin que sea necesario que la autoridad pormenorice mayores datos y anticipe algún posible incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, ya que este aspecto es propio de la resolución definitiva que en su momento llegara a dictarse, pues no resulta lógico exigirle mayor precisión sobre lo que en principio estima que ignora. Aunado a lo anterior, el grado de motivación exigible en los actos administrativos es proporcional al perjuicio que ocasionen al particular, y en la especie se advierte que si la información faltante no fuera tomada en cuenta al momento de emitirse la resolución definitiva, eso significa que la petición de ella no ocasionó daño alguno al contribuyente, y por el contrario, si la misma fue decisiva en el resultado al que se llegó, ello será signo inequívoco de que los datos aportados por el propio contribuyente eran indispensables para concluir la revisión, por lo que la motivación para allegarla a su expediente la expondrá la autoridad cuando en el documento con el que culmine el ejercicio de sus facultades de comprobación determine algún crédito, en su caso.

Contradicción de tesis 429/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.
Tesis de jurisprudencia 94/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de mayo de dos mil trece.

Ejecutoria:
1.- Registro No. 24489 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 429/2012. Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 825;

Registro No. 2004079
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 964 Tesis: 2a./J. 100/2013 (10a.) Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

RENTA. DIVIDENDOS O UTILIDADES FICTOS. LAS PERSONAS MORALES NO ESTÁN OBLIGADAS A ENTERAR EL TRIBUTO POR ESE CONCEPTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 165, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.

El tercer párrafo del mencionado artículo 165 establece que para los efectos del propio precepto, también se consideran dividendos o utilidades distribuidos las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas y la utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales, las cuales prevé en sus fracciones IV y V. Ahora bien, las referidas fracciones contienen presunciones que tienen su causa en actos relacionados con las personas morales, pero la consecuencia es que las personas físicas sean las que acumulen el ingreso; esto es así, porque el numeral está inserto en el capítulo de personas físicas, y al ser la determinación y el pago del impuesto una carga, debe estar expresamente prevista, en términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. De manera que si el último párrafo del numeral 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo refiere que serán las personas morales las que pagan el impuesto respecto de las fracciones I y II del artículo 165, esa carga no puede hacerse extensiva a las demás fracciones. Por lo anterior, se advierte que las personas físicas son los sujetos obligados a enterar el tributo por concepto de dividendos o utilidades fictos previstos en las fracciones IV y V del indicado artículo 165.

Contradicción de tesis 53/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 15 de mayo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: PaolaYaber Coronado. Tesis de jurisprudencia 100/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de mayo de dos mil trece.

 

 

 

Registro No. 2004136
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1104 Tesis: 2a./J. 83/2013 (10a.) Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL CONTINUAR EJERCIENDO SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.

Atento al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2011 (10a.) (*) de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales pueden continuar requiriendo datos, informes o documentos al contribuyente durante el desarrollo de una visita domiciliaria o revisión de gabinete para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aun cuando el plazo para concluirlas se encuentre suspendido por cualquiera de las hipótesis a que se refiere dicho numeral, esto es, en los casos de huelga; fallecimiento del contribuyente; cuando éste desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o no se le localice en el que haya señalado; cuando no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, éste interponga algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades derivadas del ejercicio de las facultades de comprobación. Lo anterior es así, ya que dicho precepto no se refiere a la suspensión de las facultades de comprobación, sino sólo a la del plazo para concluir la visita o revisión; de ahí que no prohíbe a la autoridad fiscal seguir ejerciendo sus facultades de comprobación; máxime que en todos los casos la suspensión deriva de actos no atribuibles a la autoridad fiscal, sino al contribuyente o a factores ajenos a ambos, y el legislador no buscó limitar las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sino únicamente regular la suspensión del plazo para que concluyan tales actos.

Contradicción de tesis 63/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 17 de abril de 2013. Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Tesis de jurisprudencia 83/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil trece. _________________ (*) Nota: Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 3264, con el rubro: "VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE REQUIRIENDO INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE."

Registro No. 2003925
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1111 Tesis: 2a. LXXI/2013 (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

BENEFICIO FISCAL PARA LA INDUSTRIA MAQUILADORA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE OCTUBRE DE 2003.

Conforme al citado precepto, se exime parcialmente del pago del impuesto sobre la renta a los contribuyentes dedicados a la industria maquiladora, en una cantidad equivalente a la diferencia del impuesto que resulte de calcular la utilidad fiscal que represente, al menos, la cantidad mayor de aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el impuesto sobre la renta que resultaría de calcular dicha utilidad fiscal aplicando el 3%, en ambos casos, siempre que se cumpla con los demás requisitos establecidos en el propio artículo 216-Bis, lo que equivale al impuesto que correspondería a la utilidad fiscal derivada de aplicar el 3.9% del valor de los activos utilizados en la actividad de maquila, o bien el 3.5% sobre el monto total de los costos y gastos operativos en dicha actividad (dependiendo del valor que resulte mayor). Por su parte, el artículo décimo séptimo del decreto indicado establece expresamente que la aplicación de los beneficios previstos no dará lugar a la devolución o compensación. Sobre tales premisas, atento a la naturaleza de la medida sustractiva en cita y a los efectos que tiene el acreditamiento de pagos provisionales, se colige que la interpretación que debe darse a los preceptos de mérito consiste en que el monto al que asciende la exención parcial debe disminuirse del impuesto sobre la renta causado, previamente al acreditamiento de los pagos provisionales efectuados en el ejercicio, ya que sólo de esa forma se disminuirá el beneficio en términos nominales de la obligación tributaria, pues lo contrario implicaría que la aminoración parcial concedida a los contribuyentes mencionados únicamente podría aplicarse contra el saldo que, en su caso, quede pendiente después de que sean acreditados los citados pagos provisionales, lo que podría dar margen a que no exista remanente contra el cual amortizar la prerrogativa o que sea disminuida en menor cuantía, por lo que no resultaría lógico que el Presidente de la República haya diseñado una fórmula aritmética compleja para determinar el monto de la exoneración, si de cualquier forma se aplicaría nada más cuando exista un remanente de signo positivo y en la cuantía que represente éste, es decir, pendiente de ser cubierto una vez que se restaron los pagos provisionales.

Amparo directo en revisión 3280/2012. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. 3 de abril de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.

Registro No. 2003926
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1112 Tesis: 2a. LXX/2013 (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa.
BENEFICIO FISCAL PARA LA INDUSTRIA MAQUILADORA. NATURALEZA JURÍDICA DEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE OCTUBRE DE 2003.

Conforme al citado precepto, se exime parcialmente del pago del impuesto sobre la renta a los contribuyentes dedicados a la industria maquiladora, en una cantidad equivalente a la diferencia del impuesto que resulte de calcular la utilidad fiscal que represente, al menos, la cantidad mayor de aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el impuesto sobre la renta que resultaría de calcular dicha utilidad fiscal, aplicando el 3%, en ambos casos, siempre que se cumpla con los demás requisitos establecidos en el propio artículo 216-Bis. Sobre tales premisas, se pone de manifiesto que dicha medida sustractiva tiene la naturaleza jurídica de una exención subjetiva parcial, pues a través de ella, el titular del Poder Ejecutivo Federal liberó a los indicados contribuyentes del pago de una parte del impuesto sobre la renta a su cargo, en una cantidad que, en términos nominales, equivale al impuesto que correspondería a la utilidad fiscal derivada de aplicar el 3.9% del valor de los activos utilizados en la actividad de maquila, o bien el 3.5% sobre el monto total de los costos y gastos operativos en dicha actividad (dependiendo del valor que resulte mayor); de ahí que dicha exención constituye un apoyo económico concedido directamente al mencionado sector industrial, mediante el sacrificio del cobro parcial del tributo, para incentivar la actividad referida que se considera importante para el desarrollo del país por ser generadora de inversiones y empleos.

Amparo directo en revisión 3280/2012. Eaton Truck Components, S. de R.L. de C.V. 3 de abril de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.

Registro No. 2004091
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1123 Tesis: 2a. LXVIII/2013 (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa

RENTA. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006, RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

El principio señalado radica medularmente en que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento de los gastos públicos, se efectúe en función de su mayor o menor capacidad económica manifestada al realizar el hecho imponible, cuyos elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia a éste. En ese sentido, el estudio del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con un sistema de tributación, conlleva el de los elementos previstos por el legislador para apreciar la capacidad contributiva y el mecanismo para la determinación del tributo, de modo que, para efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, debe considerarse, además, que la capacidad contributiva no se determina únicamente por la cuantía del ingreso, sino también por la fuente de riqueza que lo produce, la cual lleva a establecer diversas categorías de ingresos, provocando tantas modalidades y tratamientos fiscales como actividades generadoras resulten o, incluso, por las circunstancias especiales que rodean su obtención, debido a que son elementos reveladores de aquélla, al realizar el hecho imponible, siendo acorde al citado principio constitucional que tales elementos se contemplen en el apartado normativo para cuantificar la obligación tributaria. De ahí que el primer párrafo del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulte constitucional, pues en éste se establece la forma de determinar la base gravable, atendiendo a las diversas fuentes de riqueza.

Amparo en revisión 115/2013. María Luisa López Durán. 8 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

Registro No. 2004092
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1124 Tesis: 2a. LXVII/2013 (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa

RENTA. LA LIMITANTE A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA CADA CONCEPTO DE LOS CONTEMPLADOS POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006, ATIENDE AL ORIGEN DE LA RIQUEZA.

La limitante establecida en el citado apartado normativo, en el sentido de que el ingreso sea disminuido exclusivamente a través de la fórmula de las deducciones autorizadas para cada hipótesis de renta, estando el contribuyente obligado a calcular el impuesto del ejercicio sumando los ingresos contenidos en cada capítulo de los ahí indicados -previa aplicación de las deducciones correspondientes a cada uno de ellos, en su caso-, y de la misma manera acumular la utilidad gravable determinada conforme a las secciones I o II del Capítulo II del propio Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarle a la suma de dichos conceptos la tarifa anual ahí establecida, encuentra su justificación en el tratamiento tributario distinto otorgado a cada concepto, atendiendo al origen de la riqueza, de manera que el régimen jurídico aplicable a un supuesto específico en razón de sus características propias de distintos elementos generadores de la capacidad contributiva no afecte a otro.

Amparo en revisión 115/2013. María Luisa López Durán. 8 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

Registro No. 2004093
Localización: Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1125 Tesis: 2a. LXVI/2013 (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa

RENTA. LA MECÁNICA DEL ARTÍCULO 177, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006, SE JUSTIFICA POR SU NATURALEZA CEDULAR.

Tomando en consideración que la fuente de riqueza es elemento revelador de la capacidad contributiva, la mecánica prevista en el referido artículo 177, primer párrafo, consistente en sumar a los ingresos obtenidos por las personas físicas, conforme a los capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, después de efectuar las deducciones autorizadas a los mismos, la utilidad gravable determinada conforme a las Secciones I o II del Capítulo II, de dicho Título, encuentra razón de ser en su naturaleza cedular, derivada de la existencia de diferentes categorías de ingresos, en función de las distintas fuentes que los generan. Así, siendo dicho origen uno de los elementos para establecer la base gravable, por revelar la fuente de riqueza, es dable que se otorgue, a cada hipótesis de las contempladas en los referidos capítulos, un tratamiento tributario distinto, en el que el régimen jurídico aplicable a un supuesto específico no afecte a otro y, en esa virtud, la mecánica establecida en el apartado legal analizado resulta constitucional.

Amparo en revisión 115/2013. María Luisa López Durán. 8 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del CarmenAlejandra Hernández Jiménez.

Registro No. 2003931
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1353 Tesis: XVII.2o.P.A.2 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. EL PARTICULAR DEBE DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, POR TRATARSE DE UNA AUTORIDAD RECAUDADORA, ENTÉRMINOS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU REGLAMENTO.

De conformidad con los artículos 9, quinto párrafo, fracción XXIX, de la Ley de Aguas Nacionales y 9o. de su reglamento, la Comisión Nacional del Agua es una autoridad recaudadora, por ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al que le corresponde ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen o en los casos que señalen las leyes respectivas, conforme al Código Fiscal de la Federación, en las que podrá ejercer las diversas atribuciones respecto a dichas contribuciones y aprovechamientos, como la de determinar los omitidos mediante la liquidación del crédito a pagar y sus accesorios, así como imponer y condonar multas y notificar los créditos fiscales determinados; por lo que los pagos que deban efectuarse conforme a lo señalado, se realizarán mediante declaración que se presentará en las oficinas de la referida comisión o en las instituciones bancarias que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de ahí que el ejercicio de esas facultades es independiente y sin menoscabo de las que competen a esta última dependencia. Por tanto, el particular no sólo debe dar aviso de su cambio de domicilio fiscal al Servicio de Administración Tributaria, sino también a la Comisión Nacional del Agua, pues, de no hacerlo así, se obligaría a otra autoridad recaudadora a investigar si el contribuyente le dio ese aviso, con independencia de lo que ante ella éste hubiera declarado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Revisión fiscal 8/2013. Subdirector General Jurídico de la Comisión Nacional del Agua. 9 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Octavio Rodarte Ibarra. Secretario: Julio César Montes García.

Registro No. 2003936
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1356 Tesis: I.3o.(I Región) 18 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa

COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO PERMITIR AL RESPONSABLE SOLIDARIO EFECTUARLA CONTRA AQUELLOS CRÉDITOS QUE ESTÁ OBLIGADO A PAGAR, EN VIRTUD DE SU RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El artículo 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Por su parte, el responsable solidario -a quien la doctrina lo denomina por garantía-, es la persona física o moral que voluntariamente afecta un bien de su propiedad u otorga una fianza, con el objeto de responder al fisco, a nombre y cuenta del sujeto pasivo obligado directo del debido entero de un tributo originalmente a cargo de este último, como consecuencia de un acto de libre manifestación de voluntad, la cual no deriva de la realización del hecho generador de una contribución, ni del mantenimiento de algún tipo de relación jurídica con el contribuyente directo. En ese sentido, del análisis sistemático del citado precepto, en relación con el numeral 26, fracción VIII, del mencionado ordenamiento, se colige que el legislador no justificó de manera objetiva y constitucionalmente válida el trato desigual que aquél otorga a sujetos que se encuentran en igualdad de circunstancias, ya que no permite al responsable solidario efectuar la compensación de los saldos a su favor contra aquellos créditos que está obligado a pagar en virtud de su responsabilidad solidaria, con lo que la norma reclamada genera una distinción tributaria entre situaciones de hecho que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, por lo cual transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.

Amparo directo 864/2011, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (expediente auxiliar 191/2012).Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretario: Luis Antonio Morales Ayala. Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia en términos del punto 11 del Capítulo Primero del Título Cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.

Registro No. 2003977
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1389 Tesis: I.7o.A.93 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE ESTUDIAR LA LEGALIDAD DE SU AUTORIZACIÓN PARCIAL, SI LA AUTORIDAD HACENDARIA NO EXPUSO LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS POR LOS QUE NEGÓ LA RESTITUCIÓN TOTAL DE LO SOLICITADO.

Cuando en el juicio contencioso administrativo se demanda la nulidad de la resolución que autorizó la devolución parcial de impuestos y no la restitución total de lo solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decreta su nulidad, en virtud de que la autoridad no se la dio a conocer al actor y éste manifestó desconocerla en términos de la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que se traduce en que aquélla no demostró la existencia del acto administrativo impugnado y, por ende, que éste carece de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, el citado órgano jurisdiccional no puede estudiar el fondo del asunto, esto es, la legalidad de la devolución parcial, al tenor del penúltimo párrafo del artículo 50 de la referida legislación, que establece: "En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.", en virtud de que la Sala se sustituiría en las facultades propias de la autoridad hacendaria, al pronunciarse sobre una cuestión en la que no expuso las razones y fundamentos de su proceder; además, porque esta última porción legal sólo opera cuando el acto impugnado es exhibido en el juicio en el que la autoridad lo fundó y motivó. Por lo que en esos casos, la nulidad debe ser para el efecto de que la autoridad emita una nueva resolución en la que funde y motive por qué sólo devolvió una porción de lo solicitado por el sujeto pasivo de la relación tributaria, con el fin de no dejarlo en estado de indefensión. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 141/2013. Sabeldos, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola.

Registro No. 2003978
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1422 Tesis: I.9o.A.24 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. CUANDO EN EL JUICIO DE NULIDAD SE IMPUGNA LA NEGATIVA FICTA A LA SOLICITUD PARCIAL RELATIVA, LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO DEBE OCUPARSE DEL RESTO DE LA CANTIDAD ENTERADA INDEBIDAMENTE, AL NO HABERSE CONSIGNADO EN AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1992).

Cuando en el juicio de nulidad se impugna la negativa ficta a una solicitud parcial de devolución de pago de lo indebido planteada en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (vigente en 1992), la sentencia que se dicte no debe ocuparse del resto de la cantidad enterada indebidamente con motivo de la autoliquidación de una contribución en el mismo ejercicio fiscal, al no haberse consignado en la solicitud que dio origen a la negativa ficta y, consecuentemente, no formar parte de la litis. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 809/2011. 30 de agosto de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Ponente: Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretario: Antonio Prats García.
Ejecutoria:
1.- Registro No. 24486 Asunto: AMPARO DIRECTO 809/2011. Promovente: Localización: 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1390;
Voto particular:
1.- Registro No. 41117 Asunto: AMPARO DIRECTO 809/2011. Promovente: Localización: 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1406;

Registro No. 2004032
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1467 Tesis: XV.5o.12 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN II, DE LA LEY ADUANERA. PARA DETERMINAR QUÉ DEBE ENTENDERSE POR CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO, A EFECTO DE NO IMPONER DICHA SANCIÓN EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL CITADO PRECEPTO, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

 

De conformidad con el párrafo segundo de la fracción II del artículo 183 de la Ley Aduanera, no se impondrá la multa a que se refiere dicha fracción, si la persona retorna en forma espontánea los vehículos importados o internados temporalmente, aun cuando esta conducta la realice fuera de los plazos concedidos. Ahora bien, no obstante que la citada legislación no contiene precepto que establezca con precisión qué debe entenderse por cumplimiento espontáneo, y que acorde con su artículo 1o., la ley supletoria de aquélla es el Código Fiscal de la Federación, en la aludida hipótesis no cobra vigencia esta disposición, pues la consecuencia jurídica que produce aplicar supletoriamente el artículo 73, fracción I, del referido código tributario, es la imposición de una sanción pecuniaria al contribuyente, lo cual resulta contrario al espíritu de la norma inicialmente mencionada, que es dispensar al ciudadano del pago de la multa señalada cuando, motu proprio, decida retornar un vehículo a su lugar de procedencia, si para ello no ha mediado requerimiento previo de la autoridad fiscal competente. Sostener lo contrario implicaría desconocer la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que privilegia la aplicación e interpretación de las normas legales, en lo que más favorezca al gobernado o que impliquen menor restricción a sus derechos humanos (principio pro persona o pro homine). Asimismo, contravendría la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667, de rubro: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.", en la que se estableció que si cierta disposición administrativa prevé una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliarla por analogía o por mayoría de razón. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 1173/2012. 11 de abril de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Jesús Alfredo Silva García. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretaria: KarminaMolina Álvarez.
Nota: La tesis de jurisprudencia citada, aparece publicada con la clave o número de identificación P./J. 100/2006.
Ejecutoria:
1.- Registro No. 24495 Asunto: AMPARO DIRECTO 1173/2012. Promovente: Localización: 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1455;
Voto particular:
1.- Registro No. 41118 Asunto: AMPARO DIRECTO 1173/2012. Promovente: Localización: 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1464;

Registro No. 2004044
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1520 Tesis: X.A.T.12 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Común, Administrativa

PERSONAS MORALES PÚBLICAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN DEFENSA DE ACTOS EMITIDOS EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD.

El principal objetivo del juicio de amparo es dirimir cualquier controversia suscitada por leyes o actos que violen derechos humanos, los cuales, como derechos subjetivos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas. No obstante, esa regla admite como excepción el supuesto contenido en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, conforme al cual, las personas morales públicas pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los servidores públicos o representantes que designen las leyes respectivas, cuando el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. Por tanto, carecen de legitimación para promover el juicio contra resoluciones del procedimiento contencioso administrativo, en defensa de actos emitidos en su carácter de autoridad, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que actúan como personas morales de derecho privado. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Amparo directo 379/2013. Director de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos.Ponente: Benjamín Gordillo Cañas, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Fidelia Camacho Rivera.

Registro No. 2004094
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1535 Tesis: I.8o.A.60 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

RENTA. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS PUEDEN, VÁLIDAMENTE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, REVISAR EL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES FISCALES RESPECTO AL IMPUESTO RELATIVO POR PERIODOS MENORES A UN EJERCICIO FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE HAYA CONCLUIDO Y SE VERIFIQUEN TODOS LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON A LO LARGO DE ÉL, ASÍ COMO LA DECLARACIÓN ANUAL DEL CONTRIBUYENTE.

De conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades hacendarias pueden ejercer las facultades de comprobación que establece dicho numeral, conjunta, indistinta o sucesivamente, a fin de verificar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales, sin que se establezca alguna limitante en cuanto a los periodos que puede abarcar dicha revisión. Consecuentemente, dichas autoridades pueden, válidamente, en ejercicio de sus facultades de comprobación, revisar el cumplimiento a las disposiciones fiscales respecto al impuesto sobre la renta por periodos menores a un ejercicio fiscal, siempre y cuando éste haya concluido y se verifiquen todos los actos o actividades que se realizaron a lo largo de él, así como la declaración anual del contribuyente, pues es hasta ese momento cuando el sujeto pasivo entera el impuesto del ejercicio en forma definitiva, ya que en términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cálculo de dicho gravamen es por ejercicios fiscales. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 710/2012. Firmat Distribuciones, S.A. de C.V. 16 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria:Jeny Jahaira Santana Albor.

Registro No. 2004097
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1571 Tesis: I.3o.(I Región) 16 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010. LA FICHA TÉCNICA 16/ISR CONTENIDA EN EL ANEXO 1-A DE SU REGLA I.3.9.11., RELATIVA A LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS, ASÍ COMO SU USO Y DESTINO, EN RELACIÓN CON LA GUÍA DE USUARIO "AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN DE LAS DONATARIAS AUTORIZADAS", AL EXCEDER LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, TRANSGREDEN EL DERECHO A LA LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.

La información solicitada a las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la enseñanza con reconocimiento de validez oficial de estudios a que se refiere el artículo 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la referida ficha técnica en relación con el indicado manual, relativa al estado de egresos del ejercicio que comprende el importe total de las contraprestaciones pagadas al personal que labora en esas organizaciones, así como sus gastos de administración, operación y representación, excede lo previsto en el artículo 97, fracción V, de la señalada ley, toda vez que no se relaciona con: 1) la fecha de autorización para recibir donativos deducibles; 2) la autorización de la donataria; y 3) con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en tanto que el salario y las percepciones del personal que labora para las mencionadas sociedades, no necesariamente se encuentran relacionados con el uso de los recursos recibidos en su calidad de donatarias, pues debido a su actividad, pueden recibir ingresos de muchas otras fuentes, de forma que no se les permite establecer qué información se encuentra relacionada o no con los donativos recibidos, máxime que fue intención del legislador federal dar transparencia a los recursos recibidos en donación. Por tanto, las señaladas disposiciones transgreden el derecho a la legalidad y el principio de reserva de ley que consagran los artículos 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.

Amparo en revisión 328/2011, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (expediente auxiliar 1046/2011). 19 de enero de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Gaspar Paulín Carmona. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretario: Luis Antonio Morales Ayala.
Ejecutoria:
1.- Registro No. 24503 Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 328/2011. Promovente: Localización: 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1536;
Voto particular:
1.- Registro No. 41120 Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 328/2011, DEL ÍNDICE DEL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (EXPEDIENTE AUXILIAR 1046/2011). Promovente: Localización: 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Pág. 1565;

Registro No. 2004115
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1592 Tesis: I.9o.A.5 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO EMITIDO PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

De conformidad con el artículo 46-A, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cuando los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos; sin embargo, dicha suspensión no implica que la autoridad fiscalizadora esté impedida para llevar a cabo la notificación de un oficio emitido previamente a la interposición del medio de impugnación (como lo es la imposición de una multa), toda vez que la suspensión prevista en dicho numeral sólo versa sobre los plazos relativos al procedimiento fiscalizador de verificación a partir de que se interpone el recurso, y la notificación del citado oficio no constituye un acto autónomo, pues deriva de uno previo cuya finalidad es crear certeza de que el particular tuvo pleno conocimiento del acto que se notifica. Asimismo, esta determinación no se contrapone al principio pro persona, ya que, se reitera, la notificación es un acto procesal cuyo fin último es que el particular afectado tenga pleno conocimiento del mismo, lo que supone que su realización no deje lugar a dudas para que aquél se encuentre en posibilidad de defenderse, pues de considerar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al contribuyente, ya que no podría recurrir el acto que le afecta. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 581/2011. PSI Pinturas, S.A. de C.V. 1 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Aja García.

Registro No. 2004137
Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 1610 Tesis: IX.1o.4 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

VISITA DOMICILIARIA ORDENADA POR EL DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES. ES LEGAL LA SUSTENTADA EN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN LA MATERIA.

Si la orden de visita domiciliaria se emite con base en un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, no resulta violatoria de garantías cuando éste faculta a las autoridades fiscales locales a llevar a cabo esa facultad de comprobación. Por tanto, es legal la visita ordenada por el director de Fiscalización de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales federales, sustentada en un convenio de los señalados, suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dicha entidad federativa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 69/2013. Auto Express Alta Vista, S.A. de C.V. 16 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda. Secretario: Juan Castillo Duque

Registro No. 2004083
Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 7 Tesis: P./J. 21/2013 (10a.) Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Administrativa
RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCIÓN LIMITADA SOBRE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO, Y GRAVAR POR EL EXCEDENTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicho principio de justicia tributaria radica en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o de la manifestación de riqueza gravada, debiendo existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y dicha capacidad, a fin de que pague más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos quien la tenga en menor proporción. Asimismo, que en el caso del impuesto sobre la renta para personas físicas, el objeto del tributo lo constituyen los ingresos, es decir, cualquier cantidad que modifique positivamente su haber patrimonial, siempre que no la excluya el legislador de ser gravada. En ese tenor, el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de mayo de 2012, al establecer una exención en el pago del tributo por la obtención de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro, hasta por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y gravar por el excedente, no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en ese supuesto se impactan ingresos que efectivamente modifican positivamente el haber patrimonial del sujeto pasivo y, por tanto, el tributo recae sobre una auténtica y real manifestación de riqueza susceptible de gravarse en la magnitud percibida acorde con su capacidad contributiva, sin que obste para ello que los ingresos señalados se obtengan como pago de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro, ya que no hay disposición constitucional que impida establecer tributos sobre tales conceptos, aun cuando se regulen como prestaciones de seguridad social en términos de la normativa aplicable, máxime que el gravamen no recae sobre la totalidad del ingreso obtenido, sino sólo sobre el excedente del monto exento.

Amparo en revisión 58/2011. Alfonso Moreno Ayala y otros. 12 de noviembre de 2012. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios:Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, FanuelMartínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 56/2011. Gabino Govea Mena y otro. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima AlcaydeEscalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 742/2010. Gonzalo Arturo Escobar del Río y otros. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 41/2011. David Harris Jr. Brill Bezark. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima AlcaydeEscalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 32/2011. Guillermo Gregorio Sosa Álvarez. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de FátimaAlcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. El Tribunal Pleno, el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número 21/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil trece.

Registro No. 2004086
Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXII, Julio de 2013 Página: 8 Tesis: P./J. 24/2013 (10a.) Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Administrativa
RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA RETENCIÓN PARA INGRESOS QUE EXCEDEN UN MONTO DETERMINADO, NO DESATIENDE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, EN RELACIÓN CON EL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, NI EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).

El precepto legal aludido establece una exención en el pago del impuesto sobre la renta por la obtención de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro hasta por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y grava por el excedente mediante retención; por su parte, los artículos 26, 27 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, señalan que: a) todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe (pacta sunt servanda); b) un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado, y c) el tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin; en tanto que los artículos 26, punto 3, y 67, inciso b), del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social regulan los supuestos de suspensión o reducción en el pago de las prestaciones de vejez, y los requisitos para hacer procedentes dichas figuras por operar en torno a pagos periódicos. En ese sentido, tomando en consideración que: 1) A partir de la ratificación del citado Convenio número 102, México ha cumplido de buena fe con las disposiciones respectivas traduciéndolas en normativa de derecho interno, conforme a una interpretación contextual de su contenido atendiendo a su objeto y fines, lo cual se traduce en los cobros que por concepto de pensiones y jubilaciones perciben quienes cumplan los requisitos de ley, sin que obste a ello que al obtener los montos respectivos se les efectúe la retención correspondiente para efectos del impuesto sobre la renta, toda vez que el gravamen no equivale a una reducción de dichos conceptos, que es en todo caso a lo que se comprometió el Estado Mexicano a realizar bajo determinadas circunstancias y requisitos, y 2) El hecho de que la retención prevista en el precepto legal señalado encuentre apoyo en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no implica que México invoque disposiciones de derecho interno para incumplir la obligación que suscribió libremente frente a la comunidad internacional, porque en ningún momento se asume que incumpla sus obligaciones derivadas del Convenio número 102 y, por ende, que la observancia de dicho dispositivo constitucional signifique la invocación de una norma de derecho interno para justificar un supuesto incumplimiento que no existe; de ahí que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de mayo de 2012, no desatiende las referidas normas internacionales sobre el derecho de los tratados en relación con las contenidas en el Convenio número 102, en su dimensión caracterizada como derechos humanos en materia de seguridad social, ni el principio de supremacía constitucional y, por ende, no viola los artículos 1o. y 133 constitucionales.

Amparo en revisión 58/2011. Alfonso Moreno Ayala y otros. 12 de noviembre de 2012. Unanimidad de once votos en relación con el sentido; mayoría de nueve votos en relación con las consideraciones contenidas en esta tesis; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima AlcaydeEscalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 56/2011. Gabino Govea Mena y otro. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos en relación con el sentido; mayoría de ocho votos en relación con las consideraciones contenidas en esta tesis; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 742/2010. Gonzalo Arturo Escobar del Río y otros. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos en relación con el sentido; mayoría de ocho votos en relación con las consideraciones contenidas en esta tesis; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 41/2011. David Harris Jr. Brill Bezark. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima AlcaydeEscalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. Amparo en revisión 32/2011. Guillermo Gregorio Sosa Álvarez. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de FátimaAlcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga. El Tribunal Pleno, el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número 24/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil trece.

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